Por Redacción —
El escándalo de corrupción vinculado a las multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires suma un nuevo y contundente episodio. El diputado Luciano Bugallo solicitó formalmente la destitución del juez Juan Pablo Masi, a quien acusa de intentar entorpecer la investigación federal. A la vez, vuelve a tomar protagonismo la empresa FRANUTEC, señalada como presunto instrumento de maniobras políticas y económicas en el municipio de Pilar.
El pedido de un Jury de Enjuiciamiento contra el juez Masi de La Plata ha reavivado la polémica sobre una supuesta red político-empresarial entramada en la gestión del intendente de Pilar, Federico Achával. Estas sospechas vinculan directamente a la administración local con irregularidades relacionadas al área de Transporte.
Esta denuncia se enfoca en la conducta del magistrado durante la investigación provincial sobre las polémicas foto-multas y la VTV, que desde 2023 indaga presuntas operaciones corruptas de gran magnitud dentro del tránsito bonaerense.
Matías Yofe y el diputado Bugallo señalan a Masi por presuntos casos de abuso de autoridad y prevaricato. Según argumentan, el juez pretendió "asumir indebidamente" la jurisdicción para trasladar la investigación federal por lavado de activos desde Campana al fuero provincial, lo que podría obstaculizar el avance judicial.
La demanda incluye la suspensión inmediata de Masi, sosteniendo que sus resoluciones han favorecido la estrategia del exministro Jorge D’Onofrio, ya procesado y embargado en la justicia federal.
Simultáneamente, se reaviva la atención sobre la denuncia presentada por Yofe sobre FRANUTEC, empresa señalada como una estructura paralela mediante la cual se habrían coordinado adjudicaciones públicas en estrecho vínculo entre la política y el sector estatal.
Detrás de esta sociedad aparecen figuras vinculadas al círculo cercano de Guido Bordachar, exsecretario de Infraestructura y aliado destacado del intendente Achával:
También se recuerda que la causa expone una red compleja de influencia que explica el rol de estas sociedades en expedientes provinciales y municipales, donde destacan nombres como:
Para los denunciantes, esta articulación entre actores políticos y empresas con nombres aparentemente inofensivos como FRANUTEC forma parte de un sistema corrupto que debe ser investigado a fondo antes de que las maniobras queden protegidas judicialmente en el ámbito provincial.
Conflicto judicial
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