Por Redacción —
El gobierno de Javier Milei avanza con un ambicioso plan de desestatización bajo el nombre de "Red Federal de Concesiones - Etapa II-B", que apunta a transferir al sector privado la administración, construcción y explotación de rutas nacionales clave. Este paso es fundamental para mejorar la conectividad y el traslado de la producción agrícola en el norte y oeste bonaerense.
La propuesta de la licitación segmenta estos corredores en cuatro tramos principales, tres de los cuales impactan directamente en la provincia de Buenos Aires:
Además, se considera la privatización del tramo que abarca desde Luján hasta el límite con La Pampa, afectando localidades como Bragado, Pehuajó y Trenque Lauquen.
Este anuncio se produce en un contexto de crecientes demandas tanto de intendentes como de conductores y usuarios, quienes denuncian el deterioro de las vías con baches pronunciados, insuficiente señalización y deficiencias en el mantenimiento. La incógnita principal reside en si esta apertura a la iniciativa privada se traducirá en mejoras reales de infraestructura, como la transformación en autopistas de las Rutas 5 y 7, o solo acarreará un incremento en las tarifas de peaje para cubrir déficits financieros.
Las compañías interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de mayo, y una Comisión Evaluadora será responsable de seleccionar a quienes reemplacen a la estatal Corredores Viales S.A. en la gestión de estos corredores.
Este proceso se da en paralelo a la crisis de la Dirección Nacional de Vialidad, cuya estructura ha quedado debilitada tras recortes presupuestarios. Desde el gobierno de Axel Kicillof se advierte que transferir la administración sin un plan de inversión obrigatório podría afectar la seguridad vial de los bonaerenses y constituir una transferencia injusta de recursos desde los usuarios hacia las concesionarias.
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