Por Redacción —
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires impuso contundentes sanciones económicas a las empresas de servicios de comunicaciones Telecentro y DirecTV, ambas multadas con $167 millones cada una. Esta medida corresponde a múltiples incumplimientos detectados en el respeto a los derechos de usuarios y consumidores.
El organismo provincial inició las actuaciones tras identificar prácticas reiteradas que atentaban contra la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Entre las irregularidades señaladas, se encuentran las dificultades para cancelar el servicio a través de cualquiera de los canales disponibles —ya sea presencial, telefónico o por mensajería instantánea—, la inoperatividad del “Botón de Baja” en las páginas web oficiales y la imposición de avisos previos o el pago de períodos completos aun cuando se solicitaba la rescisión del contrato.
Las denuncias presentadas ante la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores alcanzaron aproximadamente 800 casos contra Telecentro y más de 420 contra DirecTV, posicionando a Telecentro como una de las empresas con mayor cantidad de reclamos en la provincia durante el año. Esta situación motivó la intervención estatal para preservar los derechos de los usuarios bonaerenses.
Según Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones: “En la provincia de Buenos Aires entendemos que el Estado no puede mirar para otro lado cuando hay empresas que incumplen la ley y vulneran derechos de las y los bonaerenses. Estas políticas públicas buscan garantizar equidad, transparencia y respeto, y defender especialmente a quienes están en una posición más débil frente a prácticas abusivas. Es una decisión política clara del ministro Augusto Costa ponerse del lado de las y los consumidores bonaerenses”.
Las investigaciones determinaron que ambas compañías implementaron mecanismos sistemáticos para entorpecer la rescisión del servicio, como desvíos interminables entre canales de atención (web, WhatsApp, teléfono), respuestas automáticas que dirigían a servicios inoperativos y tiempos de espera prolongados. Asimismo, se detectaron cláusulas abusivas en los contratos de adhesión que impedían la baja si existían deudas pendientes por parte de los usuarios.
Estas tácticas representan un trato discriminatorio y negligente, vulnerando el ejercicio efectivo de los derechos de los consumidores al imponer cargas desmedidas y dilatorias. La normativa vigente exige que los proveedores aseguren un trato digno, equitativo y canales eficientes que eviten procedimientos abusivos.
En respuesta, el Ministerio bajo la conducción de Augusto Costa adoptó la iniciativa para garantizar la protección de los consumidores, aplicando las multas correspondientes y ordenando la adecuación inmediata de los procesos de baja conforme a la ley.
Las empresas notificadas cuentan con un plazo de 20 días para acreditar los cambios requeridos y efectuar el pago de la sanción impuesta.
Para realizar denuncias o consultas, los consumidores pueden comunicarse vía correo electrónico a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar.
Medida social
Control de apuestas
Política Tarifaria
