Fortalecer una Argentina federal y equitativa

El Federalismo constituye un soporte esencial de nuestro sistema político, siendo además la principal herramienta para alcanzar un desarrollo territorial equilibrado y una justicia social plena.

Las provincias argentinas, ante el retiro progresivo de la Nación, tuvieron que asumir en gran medida la provisión de servicios públicos esenciales, sin que la transferencia viniera acompañada de los recursos económicos necesarios. Actualmente, la administración nacional agrava esta situación con múltiples incumplimientos, deudas acumuladas y la paralización de obras públicas en todo el país.

Simultáneamente, la participación financiera federal hacia las provincias se ha ido reduciendo considerablemente. Desde la implementación de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la porción destinada a las provincias descendió del 58 % al 42 %. Además, las políticas del Gobierno nacional actual, incluyendo la propuesta de reforma laboral, intensifican aún más el desfinanciamiento del federalismo.

Por ello, es fundamental abrir un debate profundo para reconsiderar el Federalismo como una estrategia viable que promueva el desarrollo integral y la inclusión social en todo el territorio argentino.

Gobernadores firmantes y legisladores nacionales de diversas provincias nos comprometemos a impulsar una agenda política e institucional sólida en el Congreso Nacional, basada en el diálogo transversal y la búsqueda de consensos más allá de las diferencias partidarias o sectoriales.

Participaremos activamente en iniciativas orientadas a mejorar el bienestar colectivo y nos opondremos a cualquier acción que reduzca recursos o derechos de las provincias, protegiendo especialmente a productores y trabajadores.

Estamos convencidos de que es posible construir una Argentina diferente, donde la producción, el trabajo y la educación se conviertan en los pilares fundamentales del progreso. Una nación en la que la democracia asegure valores esenciales como la división de poderes, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos básicos de todos los ciudadanos.

Nuestra identidad se sustenta en la doctrina, el mandato popular y la responsabilidad institucional, aspectos que guían este compromiso y desafío común.